El alquiler de vientres es una práctica que enriquece agencias, clínicas, laboratorios y otros intermediarios que ofrecen mujeres para que terceros las alquilen, a costa de la explotación de las mismas y de su capacidad reproductiva.
Algunos plantean que si hay “consentimiento” no hay explotación, pero lo cierto es que la verdadera posibilidad de elección se ve imposibilitada debido a la situación socioeconómica en la que muchas mujeres se encuentran en la actual sociedad patriarcal y capitalista. La existencia de desigualdades genera situaciones de vulnerabilidad que el libre mercado explota. Esta práctica solo perpetúa la cosificación de la mujer, de quien se cree que debe gestar para otros, reduciéndola a un objeto, a una incubadora.
En palabras de la teórica feminista Alicia Miyares:
“Se plantea como exigencia la disociación del embarazo y la maternidad, como si tuvieran lugar en un no-cuerpo, en un no-yo (...) La característica de un fenómeno disociativo consiste en el distanciamiento de la realidad, de la experiencia física y emocional. La exigencia de disociación reproductiva para las mujeres produce alienación, esto es, que sienta como ajeno al feto, que la criatura pueda ser transferida, y que no se la reconozca [a la madre] como la persona sin la cual nada es posible.”*
El embarazo conlleva procesos tanto psicológicos como físicos que producen marcas e impactos a ambos niveles, y el alquiler de vientres demanda que las mujeres se disocien de ellos para convertirse a sí mismas en instrumentos de trabajo. En el marco de esta práctica, son numerosas las ocasiones en que las mujeres son privadas de la libertad de gestionar su propia salud y bienestar, restringiendo sus relaciones sexuales, controlando su alimentación y limitando sus relaciones sociales. El coste de estas restricciones es imposible de cuantificar, pero no es difícil imaginar que no son las condiciones más adecuadas para llevar a término un embarazo saludable.
Con frecuencia se priva a las mujeres de todo derecho sobre su cuerpo y embarazo y se les restringe considerablemente la toma de casi cualquier decisión sobre sí mismas. Si la mujer desea abortar y, por lo tanto, “terminar con el contrato”, no podrá hacerlo. Tampoco podrá continuar con el embarazo, si así lo decidiese, en el caso en que los “clientes” explotadores decidieran que abortase una o más veces cuando, por ejemplo, se detectaran anomalías fetales, ni se contempla el apoyo postparto para las mujeres, quienes no reciben atención médica ni psicológica en una fase de recuperación de la cesárea que suele ser lenta y complicada. En muchos casos deben regresar a sus comunidades, con sus familias, donde desempeñan el rol de cabeza de familia y cargan con la mayor parte de las responsabilidades.
En el alquiler de vientres se produce una apropiación de nuestras capacidades reproductivas, nuestros cuerpos son puestos al servicio y deseo de otros, constituyéndose como una práctica que involucra una serie de elementos que hacen que califique como una alienante y de explotación reproductiva. En ella, “alguien obtiene un derecho que a otra le es revocado”. Se da una situación en la cual el deseo de ser padres se magnifica comercial y publicitariamente, y es convertido en una especie de imperativo egoísta en tanto se impulsa a los sujetos a satisfacer ese deseo de cualquier manera, sin importar a costa de qué o quién.*
A continuación, enumeramos algunas estadísticas y datos:
Se estima que la cifra de negocio de la gestación subrogada a nivel global se sitúa en los 6000 millones de dólares anuales.
Las madres sólo perciben el 0,9 % del total del negocio internacional de los vientres de alquiler. Por este motivo, puede hablarse, siguiendo a Laura Nuño, de proxenetismo reproductivo.
Durante las últimas décadas, sólo en Estados Unidos, se calcula que el número de mujeres al servicio del baby business asciende a 25 000.
Se estima que cada año las madres «subrogadas» dan a luz al menos a 20.000 criaturas en todo el mundo.
En términos económicos, dependiendo del país y de la experiencia de la madre, el coste de la práctica oscila entre los 40.000 y los 150.000 euros.
La compensación económica de la madre, sin embargo, se sitúa entre los 2 500 y los 30.000 euros.
La mayoría son mujeres de entre 25 y 35 años que ya han sido madres y que cobran entre un 20 y un 25 % del total del coste del proceso.
La mayoría del dinero (entre el 75 y el 80 %) que pagan los clientes por adquirir un bebé se lo queda la empresa, la cual paga los contratos, la estancia de la pareja y la implantación del embrión.
La mayoría de las madres viven por debajo de la línea de pobreza.
Menos del 4 % de las madres han recibido educación universitaria.
Más del 40 % de las madres están desempleadas y/o reciben ayudas sociales.
En India había en 2009 más de 3000 maternidades que ofrecían servicios de subrogación.
En India —donde el salario medio anual se sitúa alrededor de los 550 euros—, el proceso cuesta, aproximadamente, unos 13.000 euros, de los cuales la madre percibe entre 2 000 y 4 000.
Hasta 2010 se estimaba que el 75 % del total de las gestaciones practicadas en India eran servicios a extranjeros/as.
La mayoría de las mujeres que optan por gestar una criatura para terceras personas lo hacen debido a la falta de formación y al desempleo. Necesitan dinero para subsistir, dinero para comida, alquiler y matrícula escolar para sus hijos e hijas.
«Generalmente, una madre subrogada contará con menos recursos económicos que la pareja que busca tener descendencia mediante la celebración del contrato, situación ésta que puede llevar a la existencia de un poder de negociación desequilibrado». En esta dirección se pronunció la Corte Suprema del estado de Nueva Jersey en el caso In the Matter of Baby M, quien afirmó que en los contratos de maternidad subrogada, probablemente serán las personas con suficientes recursos económicos quienes tengan la calidad de familias adoptantes o de intención, mientras que las mujeres con escasa capacidad económica serán quienes asuman la posición de madres subrogadas.
En general, hay un gran desconocimiento sobre las implicaciones de esta práctica para los derechos humanos y la salud de las mujeres.
Esto se debe a que gran parte de la información sobre la subrogación proviene de los lobbies pro vientres de alquiler, las agencias intermediarias y las clínicas —a través de sus páginas web, ferias, congresos y jornadas informativas y programas en los medios de comunicación—, quienes obviamente tienen un interés económico en presentar los vientres de alquiler como una práctica en la que todas las partes ganan.
Por lo tanto, a veces puede resultar difícil obtener una imagen completa y precisa de las diferentes cuestiones éticas, jurídicas, sociales, económicas y sanitarias implicadas en la maternidad subrogada.
(Fuente: https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/las-madres/)
Si como feministas nos proponemos erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y eliminar la lógica patriarcal que la sostiene, debemos entender al patriarcado por lo que es: un sistema de poder basado en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres en todas sus formas, y a través de un sinfín de mecanismos culturales e ideológicos que legitiman estas prácticas.
Los grandes pilares del patriarcado actual consisten en un conjunto de industrias cuya característica común es la de explotar a las mujeres; someterlas a situaciones dañinas física y psíquicamente, humillarlas y deshumanizarlas. Estas industrias son principalmente la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler, que generan cantidades exorbitantes de dinero para los empresarios que las manejan.
Los lobbys de explotación se propondrán justificar sus negocios, e incluso intentarán -como ya lo están haciendo- hacerlos pasar no sólo por inofensivos hacia las mujeres sino también por feministas, empoderantes para nosotras, e inclusivos en tanto favorecerían a determinadas comunidades y minorías. Nos dicen que una institución como la prostitución -cuya cara real es la explotación, la misoginia y la violencia patriarcal sistemáticas- es normal, empoderante y debe ser aceptada; nos dicen que la pornografía -aquella cantidad infinita de contenido audiovisual en el que una y otra vez somos sometidas, golpeadas, abusadas y humilladas- es feminista y liberadora; y de la misma manera nos dicen, ahora, que el alquiler de vientres es una práctica indispensable, moderna, superadora de viejas limitaciones y una acción “altruista” para que todos aquellos padres que desean a toda costa dejar su propia descendencia puedan hacerlo. Nos dicen que es un derecho natural tener hijos bajo cualquier término; que es una necesidad irrefrenable, casi biológica, como si nuestra biología o nuestra anatomía vinieran en combo con con un conjunto de deseos, sentimientos y características cerebrales determinadas. Como si aquello que adjudican a una necesidad biológica no fuera producto de una socialización determinada, una socialización producida en el marco de una sociedad patriarcal, individualista y neoliberal que sacrificará a todas las mujeres que hagan falta para satisfacer deseos personales y mandatos comerciales.
¿No nos suena ya este argumento de la necesidad biológica? ¿No nos dicen, también, quienes defienden la mercantilización de nuestros cuerpos a través de la prostitución que los hombres necesitan tener garantizado su acceso a los cuerpos de las mujeres, que no pueden controlar sus impulsos, que su necesidad de tener sexo a toda costa es una determinación natural, inmodificable y como tal respetable a cualquier costo?
Reglamentar el alquiler de vientres significaría aceptar legal e institucionalmente una práctica que mercantiliza las relaciones humanas más básicas, que ve a las mujeres como vasijas y a los niños/as como mercancías. Tener hijos no es una necesidad ni un derecho, y en nuestro país hay miles de niños/as esperando por ser adoptados.
Según Alicia Miyares, nos encontramos ante una tensión entre derechos y deseos, propia, a nuestro entender de una actualidad neoliberal, consumista e individualista. En tanto el acto de alquilar un vientre responde a un deseo personal y no a una necesidad básica, social o política, y en tanto se produce vulnerando los derechos de las mujeres cuyos vientres son alquilados, convertirlo en ley significaría priorizar deseos individuales a costa de los derechos colectivos de las mujeres. En palabras de la referente feminista Ángeles Álvarez:
“Lo que nos estamos jugando en este debate es algo muy sustancial a la política, y es si los deseos son lo que debe regir la convivencia. El problema de este debate es que las mujeres somos objeto de deseo, pero no somos sujetos de deseo.”*
Nos encontramos en un contexto que celebra la “libre elección” y el libre cambio, según el cual todo vale, todo es mercantilizable, y el blanco principal de estas lógicas son las mujeres. El deseo aparece como una necesidad codiciosa, como un “apetito urgente” que nos incita a consumir hasta la satisfacción sin importar las consecuencias, y ese consumo desmedido se da, en el marco de las industrias de explotación sexual y reproductiva, por medio de la apropiación de los cuerpos de las mujeres. No importan la violencia, la explotación y la vulneración de las mujeres como clase: importa que los prostituyentes concreten sus desahogos sexuales en los prostíbulos; importa que los porneros satisfagan su deseo de excitación a fuerza de tomas misóginas con la pornografía; importa que las parejas o individuos que así lo quieran puedan asistir a una clínica que se llenará de plata e instrumentar a una mujer para satisfacer sus antojos de tener su propio hijo.
“El intercambio “libre” es el principal recurso para validar, por ejemplo, el negocio sexual y reproductivo, que suponen tanto la prostitución como la práctica del alquiler de vientres. Por el contrario, un enfoque crítico y feminista de la realidad nos desvela que los valores de la libertad individual asociada a mejoras económicas (...) y satisfacción de deseos individuales pueden no ser compatibles con los valores de la justicia sexual o social. Por ello, si es absurdo y corrosivo presentar cualquier elección que toma una mujer como “acto feminista” (...) es igualmente absurdo y corrosivo suponer que el consentimiento o las obligaciones contractuales legitiman cualquier práctica”*
Según Alicia Miyares, si separamos al deseo de las personas de todo análisis crítico y del todo contexto social, económico y de poder en el que nace, podremos “elevarlo a norma jurídica” (convertir al deseo en ley) sin importar los riesgos sociales y colectivos que ésto signifique para una mayoría vulnerada y oprimida como lo son las mujeres en un sistema patriarcal que las explota en provecho del lucro y las ganancias.
El acto de reconocer legalmente el alquiler de vientres, en nombre de los deseos de estas parejas o potenciales padres solteros, suele estar justificado también bajo la idea del consentimiento. Nos dicen que la mujer que “alquila” su vientre, al igual que la mujer violada en un prostíbulo o la abusada y golpeada en un video pornográfico “está ahí porque quiere”, es su decisión, dio su consentimiento.
“El hecho de que alguien afirme que hace algo voluntariamente, ¿convierte la voluntariedad en requisito suficiente para afirmar la legitimidad de una práctica? ¿Puede, la supuesta voluntariedad de una persona, imponerse al análisis crítico de los mecanismos de poder implícitos en determinadas prácticas?”*
Siguiendo, nuevamente, a Alicia Miyares, podemos responder que el argumento del consentimiento “se aplica a modo de velo de ignorancia para no considerar circunstancias sociales, económicas, culturales o raciales de quien supuestamente concede”. Hablar de consentimiento y de contratos en casos de explotación, cosificación, mercantilización e instrumentación de seres humanos oculta la existencia de lógicas de coacción y de apropiación. Oculta, en definitiva, las relaciones de poder que hay detrás del acto supuestamente consentido.*
Otra vez tenemos que preguntarnos si podemos realmente hablar de libre elección en un contexto de supremacía masculina; en una realidad patriarcal que nos imprime las lógicas de sumisión de las mujeres desde niñas y que nos vulnera económicamente para luego ofrecernos la explotación o las salidas violentas y dañinas como destino.
“Cuando no se ofrece respuesta crítica a los mecanismos de poder implícitos en determinadas situaciones o prácticas se contribuye a alimentar la estratificación social y sexual. Que sea de tinte ultraconservador, o de supuesto carácter progresista, al feminismo le es indiferente, porque el feminismo va a denunciar la estratificación social y sexual de las mujeres. El objetivo del feminismo es erradicar la injusticia social y sexual que padecen las mujeres (...) El feminismo tiene como tarea explicar cómo opera el sistema de poder sociosexual llamado patriarcado. Y como objetivo del feminismo está la erradicación completa del patriarcado. Por ello el feminismo está obligado a describir, pormenorizadamente, que el deseo como construcción cultural tiene, preferentemente, como referente de cosificación a las mujeres. Está obligado, además, a señalar que las “preferencias” adaptativas de mujeres acuciadas por necesidades económicas las destinan a ser objeto de consumo sexual o reproductivo. El feminismo no puede mostrarse indiferente (...) a explicar que deseos y derechos no son equivalentes, y que en cualquier situación práctica los deseos no pueden prevalecer sobre los derechos. Desde el feminismo se ha argumentado, también, que la voluntariedad o el consentimiento se deben entender como los nuevos mecanismos de alienación presentes en la producción cultural del deseo. Son invocados para legitimar la alienación de las mujeres.”*
Por mucho que quienes presentan proyectos de ley para instalar el alquiler de vientres en nuestra sociedad nos pinten un mundo de colores y generosidad en el que la mujer siempre es la altruista, dadora y sacrificada que presta “de buena gana” su cuerpo sirviendo al deseo de terceros; por mucho que prometan que van a velar por que no se convierta en un negocio y sea una práctica realmente “voluntaria”, nosotras vamos a seguir resistiendo. Los deseos individuales de parejas o personas solteras que quieran alquilar y explotar mujeres no son necesidades biológicas ni derechos, y no deben prevalecer sobre los derechos humanos de las mujeres. No somos vasijas ni incubadoras, no existimos para complacer a unos y enriquecer a otros. Las mujeres somos humanas íntegras y sujetas de derecho.
“Ni la compensación económica, ni el supuesto altruismo evitan la explotación reproductiva. Toda compensación económica es compatible con la explotación, ya que ni la vida, ni los derechos, ni la dignidad, ni el respeto son cuantificables. A su vez, la desigualdad tiene su arma más efectiva en la doctrina del autosacrificio o altruismo y allana el camino para la explotación”*
*Conferencias citadas de Alicia Miyares y Ángeles Álvarez en:
https://www.youtube.com/watch?v=VeLEQOfjEdQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4UyPJFkGNI
https://www.youtube.com/watch?v=qfwCpztmvxE&t=1749s
Comentarios
Publicar un comentario